A pesar de la vigencia de la Ley de Memoria Democrática en España, persisten resistencias institucionales para dar a conocer expedientes relacionados con el pasado franquista.
Investigadores y familias afectadas han señalado la dificultad para acceder a documentos que, conforme a la legislación, deberían estar disponibles para su consulta tras haber transcurrido más de 30 años. Esta situación evidencia limitaciones en la aplicación efectiva de la norma y en los procesos de apertura documental.
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